El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información pública pr…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo de acceso a la información pública presentado en contra de la Municipalidad de San Carlos, que había requerido información sobre las causas judiciales en que el municipio figuraba como demandado durante el período de enero a abril de 2019, incluyendo su estado y materia. El Consejo estimó que se trataba de información pública y que el órgano no acreditó los presupuestos del artículo 15 de la Ley de Transparencia, pues no indicó con precisión la fuente, el lugar ni la forma de acceder a ella. Además, representó al Alcalde la falta de colaboración por no responder el oficio de traslado, lo que implica infracción a los artículos 34 y 11 de la ley, y ordenó la entrega de la información, informando su cumplimiento al Consejo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Una municipalidad puede negarse a entregar la lista de juicios en que es demandada alegando que la información está en los tribunales?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y estimó que la información sobre causas judiciales en que el municipio es demandado es pública. La municipalidad no acreditó los presupuestos del artículo 15 de la Ley de Transparencia, pues no indicó con precisión la fuente, el lugar ni la forma de acceder a ella, y se ordenó la entrega.
¿Qué pasa si un órgano público no responde el oficio de traslado del Consejo para la Transparencia en un amparo?
En este caso, el Consejo representó al Alcalde la falta de colaboración por no responder el oficio de traslado, lo que implica infracción a los artículos 34 y 11 de la Ley de Transparencia. Además, el Consejo ordenó la entrega de la información solicitada y requirió informar su cumplimiento.
¿Cómo debe responder un municipio a una solicitud de información sobre el estado de sus causas judiciales?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que el requerimiento sobre el estado y la materia de las causas judiciales en que el municipio figuraba como demandado era información pública. Por lo tanto, el órgano debía entregarla, al no haber acreditado que correspondía aplicar una causal de reserva o que la fuente de la información era de acceso difícil.
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