El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, declarándolo inaplicable en la gestión pendiente por vulnerar los principios de igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad de las penas. La mayoría sostuvo que la norma establecía un trato diferenciado sin fundamento razonable, limitaba la facultad judicial para imponer penas sustitutivas y afectaba la reinserción social, al excluir ciertos delitos de beneficios sin considerar la gravedad del ilícito ni la pena concreta. Se destacó que la privación de libertad debe ser la última ratio y que las penas sustitutivas son sanciones legítimas, no impunidad. La disidencia estimó que la disposición generaba indefensión al prolongar indebidamente la situación jurídica.
Tribunal ConstitucionalINADerecho a ser juzgado en un plazo razonableDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La VidaDerechos Implicitos
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma que excluye a ciertos delitos de las penas sustitutivas de la Ley 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento y declaró inaplicable en la gestión pendiente el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216, por vulnerar la igualdad ante la ley, el debido proceso y la proporcionalidad de las penas.
¿Es constitucional que una ley impida al juez otorgar penas sustitutivas sin considerar la gravedad del delito ni la pena concreta?
En este caso, la mayoría sostuvo que la exclusión sin considerar la gravedad del ilícito ni la pena concreta establecía un trato diferenciado sin fundamento razonable y limitaba la facultad judicial, afectando la reinserción social.
¿La privación de libertad es la primera opción para sancionar delitos en Chile según el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la privación de libertad debe ser la última ratio y que las penas sustitutivas son sanciones legítimas, no impunidad.
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