Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una ex profesional funcionaria de un servicio de salud que accedió a un programa de especialización y no cumplió con el período asistencial obligatorio. El dictamen establece que, conforme a la ley N° 19.664, los profesionales funcionarios que acceden a dichos programas, ya sea por comisión de estudios o beca, deben desempeñarse en el organismo por un tiempo similar al de duración del programa. Ante el incumplimiento, corresponde hacer efectiva la garantía constituida para reembolsar los gastos de la especialización, incrementados en un 50%, y declarar la inhabilidad de la afectada para reingresar a la Administración del Estado por hasta seis años. En el caso concreto, la profesional fue eliminada por la universidad formadora y renunció voluntariamente, lo que evidencia la imposibilidad de cumplir la obligación de permanencia. Por ello, se concluye que el organismo debe hacer efectiva la garantía y declarar la inhabilidad de ingreso.