Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la situación de una exbecaria de una institución pública que, tras prestar servicios durante su beca, no suscribió la caución exigida por la normativa. El organismo concluyó que la becaria debe ser remunerada por los servicios efectivamente prestados, por constituir lo contrario un enriquecimiento sin causa para la Administración. Asimismo, señaló que, por no haber suscrito la garantía, procede aplicar las sanciones previstas en la regulación, entre ellas la declaración de inhabilidad para reingresar a la Administración del Estado, además de investigar las razones del incumplimiento. Respecto de la caución, se abstuvo de pronunciarse por haberse resuelto el asunto mediante recurso de protección, rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago y confirmado por la Corte Suprema.