Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 60, de 2012, de la Dirección de Obras Portuarias, que aprueba las bases administrativas y técnicas de una licitación pública, pero formuló observaciones antes de dar curso completo al acto. El organismo objetó la falta de coherencia entre dos cláusulas del modelo de convenio ad-referéndum sobre el inicio de su vigencia, y señaló que no corresponde exigir a los oferentes declarar que no están afectos a las inhabilidades del artículo 92 del decreto N° 250, pues ese requisito solo rige para inscribirse en el Registro de Proveedores y no para contratar con la Administración. Asimismo, indicó defectos formales como la falta de inutilización del reverso de las páginas con firma y timbre del ministro de fe, errores de numeración y de referencias internas en las bases, y la necesidad de corregir una mención en la cláusula quinta del convenio. Finalmente, exigió fundar la causal de urgencia cuando se pide reducir a cinco días el plazo de toma de razón, conforme al artículo 111 del DFL N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas.