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La Contraloría General de la República se pronuncia sobre el traspaso de servidores a h…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2018

Resumen

La Contraloría General de la República se pronuncia sobre el traspaso de servidores a honorarios a la modalidad a contrata, regulado por la ley N° 20.882. Dictamina que para efectuar dicho traspaso debe mantenerse la remuneración bruta del trabajador, asimilándolo al grado más cercano en la contrata. Sin embargo, si no existe un grado equivalente en el estamento correspondiente a sus funciones que equipare dicha renta, el ajuste debe realizarse al estamento y grado más cercano en la contrata, aunque ello implique un cambio de estamento. Precisa que la normativa protege solo la renta bruta mínima, no la continuidad de las funciones previas ni la posesión de un título profesional o técnico. Finalmente, indica que si el servidor es asimilado a un estamento diverso, las nuevas funciones deben ser inherentes a la planta respectiva, conforme a los artículos 46 de la ley N° 18.575 y 73 de la ley N° 18.834.

Normas citadas

  • ley 20882 art/22
  • dto 37/2016 Hacie exe art/sexto
  • ley 18575 art/46
  • ley 18834 art/73
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Al traspasar a un funcionario de honorarios a contrata en Chile, se debe mantener su remuneración bruta?

Sí. En este dictamen, la Contraloría sostiene que el traspaso de honorarios a contrata, regulado por la ley N° 20.882, exige mantener la remuneración bruta del trabajador, asimilándolo al grado más cercano en la contrata.

¿Qué ocurre si no existe un grado equivalente en el estamento de las funciones para equiparar la renta en un traspaso a contrata?

La Contraloría señala que, en ese caso, el ajuste debe hacerse al estamento y grado más cercano en la contrata, aunque implique un cambio de estamento. Las nuevas funciones deben ser inherentes a la planta respectiva.

¿El traspaso de honorarios a contrata asegura la continuidad de las funciones previas o del título profesional del servidor?

No. Según este dictamen, la normativa protege solo la renta bruta mínima, no la continuidad de las funciones previas ni la posesión de un título profesional o técnico.

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