La Contraloría General de la República dictaminó que los convenios que celebre el Servi…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que los convenios que celebre el Servicio de Bienestar del Instituto de Previsión Social con profesionales de la salud para la atención particular de sus afiliados no se rigen por la ley N° 19.886, sobre compras públicas. Ello, porque dichos acuerdos no cumplen todos los requisitos del artículo 1° de esa ley, ya que los profesionales no prestan servicios al instituto para el cumplimiento de sus funciones, sino que se relacionan directamente con los afiliados. No obstante, el organismo deberá dar cumplimiento al artículo 9° de la ley N° 18.575, fundamentando los casos de licitación privada o trato directo y velando por la libre concurrencia. El dictamen reconsidera el dictamen N° 10.318, de 2007.
Normas citadas
Ley 18575 art/9
Ley 18575 art/28
Ley 19886 art/1 inc/1
Dto 28/94 traps art/1
Dto 28/94 traps art/16 inc/2
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Se rigen por la ley de compras públicas los convenios que celebra un servicio de bienestar con profesionales de la salud para atender a sus afiliados?
En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que no. Los convenios del Servicio de Bienestar del Instituto de Previsión Social con profesionales de la salud para la atención particular de afiliados no se rigen por la ley N° 19.886, porque no cumplen todos los requisitos de su artículo 1°.
¿Por qué no aplica la ley 19.886 a convenios con profesionales de la salud para atender afiliados?
Según este dictamen, los profesionales no prestan servicios al instituto para el cumplimiento de sus funciones, sino que se relacionan directamente con los afiliados. Por eso no se configura el supuesto del artículo 1° de esa ley.
¿Qué obligaciones mantiene el Servicio de Bienestar al celebrar estos convenios aunque no se rija por la ley de compras públicas?
El organismo debe cumplir el artículo 9° de la ley N° 18.575, fundamentando los casos de licitación privada o trato directo y velando por la libre concurrencia. Además, el dictamen reconsidera el dictamen N° 10.318, de 2007.
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