El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido en contra de la Corporación M…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, ordenando la entrega de las resoluciones solicitadas. Se determina que la información requerida es de naturaleza pública, no constando su remisión al solicitante, y no se alegaron causales de secreto o reserva ni circunstancias que justifiquen su denegación. El órgano requerido deberá acreditar la entrega efectiva de la información ante el Consejo, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones contempladas en la Ley de Transparencia, incluyendo multas y posible suspensión del cargo. La decisión puede ser impugnada mediante reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
Ley N° 18.575
ResolucióN° 136
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un órgano de la Administración del Estado no entrega información pública solicitada y no alega causales de reserva?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque la información era pública, no constaba su entrega al solicitante y no se alegaron causales de secreto o reserva. Ordenó la entrega y exigió acreditarla ante el Consejo, bajo apercibimiento de sanciones.
¿Qué sanciones enfrenta un órgano que no cumple una orden del Consejo para la Transparencia de entregar información?
En este caso, el Consejo advirtió que, si el órgano no acredita la entrega, se aplicarán las sanciones de la Ley de Transparencia, incluyendo multas y posible suspensión del cargo. La decisión puede impugnarse mediante reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
¿Cómo puede impugnarse una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Consejo indicó que su decisión puede ser impugnada mediante reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Esta vía judicial permite revisar la legalidad del acuerdo que acogió el amparo.
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