El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Superintendencia de Pension…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Superintendencia de Pensiones, que había denegado el acceso a los formularios D-2.1 a D-3.1 informados por la AFP Modelo S.A. entre enero de 2015 y julio de 2020. El Consejo concluyó que se trata de información pública en poder del organismo, en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, y que no se acreditó que su divulgación afecte las funciones de la Superintendencia ni los derechos económicos o comerciales de la administradora, dado que los datos son agregados o diarios sobre operaciones ya realizadas y el régimen de inversión de los fondos de pensiones es altamente regulado. En consecuencia, ordenó entregar la copia requerida en un plazo de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar su cumplimiento ante el Consejo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Son públicos los formularios de inversión de los fondos de pensiones que reporta una AFP a la Superintendencia de Pensiones?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que los formularios informados por una AFP a la Superintendencia de Pensiones son información pública en poder del organismo, al haberse generado en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.
¿Puede una Superintendencia negar el acceso a información de una AFP alegando que su divulgación afecta derechos comerciales?
En este caso, el Consejo acogió el amparo porque no se acreditó que la divulgación afectara las funciones de la Superintendencia ni los derechos económicos o comerciales de la AFP, dado que los datos son agregados o diarios sobre operaciones ya realizadas y el régimen de inversión está altamente regulado.
¿Qué debe hacer la Superintendencia de Pensiones cuando el Consejo para la Transparencia acoge un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la copia requerida en un plazo de 10 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, bajo apercibimiento legal, y acreditar su cumplimiento ante el Consejo.
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