El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado contra la Municipalidad de Angol, ordenando la entrega de antecedentes relativos a la realización del Festival Brotes de Chile del año 2024. Se desestimó la aplicación de cláusulas de confidencialidad como fundamento de reserva, pues su existencia en contratos no los transforma en secretos, al no enmarcarse en los supuestos del artículo 8 de la Constitución. Se rechazaron también las alegaciones sobre vulneración de derechos de terceros, por no acreditarse afectación presente o probable. Se consideró que los antecedentes dicen relación con contrataciones que involucran recursos públicos, justificando el control ciudadano. Previamente a la entrega, deberán tarjarse los datos personales de contexto, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Se apercibió al municipio con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia ante el incumplimiento.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros
Preguntas frecuentes
¿Una cláusula de confidencialidad en un contrato municipal permite negarse a entregar la información pedida por transparencia?
No. En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la existencia de una cláusula de confidencialidad en los contratos no convierte esos antecedentes en secretos, porque no se enmarca en las causales de reserva del artículo 8 de la Constitución.
¿Puede un municipio negar información sobre contrataciones con recursos públicos alegando afectación a derechos de terceros?
En este caso, el Consejo rechazó esa alegación porque no se acreditó una afectación presente o probable a terceros. Además, consideró que los antecedentes sobre contrataciones con recursos públicos justifican el control ciudadano.
¿Qué ocurre si un órgano público no entrega la información ordenada por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó la entrega previo tarjado de los datos personales de contexto, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada, y apercibió a la municipalidad con las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia ante un incumplimiento.
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