El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por una madre respecto de la expresión 'determinada por reconocimiento' contenida en el artículo 216 del Código Civil, que fija un plazo de un año para impugnar la paternidad matrimonial. La requirente buscaba impugnar la paternidad de su hijo, alegando que el plazo era insuficiente y vulneraba derechos constitucionales, como el derecho a la identidad. Sin embargo, el tribunal estimó que la norma no infringía la Constitución, pues los derechos de familia requieren seguridad jurídica y la inamovilidad de la filiación solo debe alterarse ante una injusticia evidente, lo que no se acreditó en el caso concreto. En consecuencia, se desestimó el requerimiento, se alzó la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas por estimar que la requirente tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Artículo 216, inciso final, Código Civil
Artículo 184, Código Civil
Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional el plazo de un año para impugnar la paternidad matrimonial del artículo 216 del Código Civil?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que el artículo 216 del Código Civil no infringe la Constitución y rechazó el requerimiento de inaplicabilidad. Sostuvo que los derechos de familia requieren seguridad jurídica y que la filiación solo debe alterarse ante una injusticia evidente, lo que no se acreditó.
¿Puede la madre impugnar la paternidad de un hijo nacido en matrimonio si alega que el plazo de un año es insuficiente?
En este caso, el tribunal rechazó que el plazo fuera insuficiente para vulnerar derechos constitucionales como el derecho a la identidad. La requirente no logró acreditar una injusticia evidente que justificara inaplicar la norma.
¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?
En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la requirente, porque estimó que tuvo motivo plausible para litigar. Además, se alzó la suspensión del procedimiento que se encontraba en curso.
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