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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de la contrataci…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de la contratación, a honorarios, de una abogada especialista para elaborar un informe en derecho destinado a solicitar la reconsideración de un dictamen previo que afectaba la validez de una actuación municipal. Los recurrentes sostenían que la contratación buscaba defender intereses personales de un funcionario. El órgano fiscalizador recordó que el artículo 28 de la ley N° 18.695 asigna a la asesoría jurídica municipal la función de informar en derecho, y que el artículo 4°, inciso segundo, de la ley N° 18.883 permite contratar a honorarios para cometidos específicos. Concluyó que la contratación tuvo por objeto una tarea puntual y transitoria orientada a un fin institucional y no a la defensa de intereses personales, por lo que el acuerdo se ajustó a derecho.

Normas citadas

  • ley 18883 art/88
  • ley 18695 art/28 inc/1
  • ley 18883 art/4 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio contratar a honorarios a un abogado externo para elaborar un informe en derecho?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la contratación a honorarios de una abogada especialista para elaborar un informe en derecho se ajustó a derecho, porque el artículo 4°, inciso segundo, de la ley N° 18.883 permite contratar a honorarios para cometidos específicos. Consideró que se trató de una tarea puntual y transitoria orientada a un fin institucional.

¿Se vulnera la función de la asesoría jurídica municipal si se contrata a un abogado externo para informar en derecho?

En este caso, la Contraloría recordó que el artículo 28 de la ley N° 18.695 asigna a la asesoría jurídica municipal la función de informar en derecho. Aun así, no objetó la contratación externa, pues el encargo fue acotado y no constituyó una defensa de intereses personales de un funcionario.

¿Cuándo un acuerdo municipal que contrata servicios jurídicos externos es considerado ilegal por defender intereses personales de un funcionario?

En este caso, los recurrentes sostenían que la contratación buscaba defender intereses personales de un funcionario, pero la Contraloría concluyó que no era así. Determinó que el objeto del contrato era una tarea específica con finalidad institucional, por lo que el acuerdo se ajustó a derecho.

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