La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la legalidad del decreto N° 6…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la legalidad del decreto N° 624, de 2013, del Ministerio de Educación, que aprobó un convenio de transferencia de recursos con la Municipalidad de Arauco en el marco del Fondo de Apoyo. Dicho decreto fue representado por los dictámenes N°s. 40.451 y 73.967, ambos de 2014, por cuanto el plan de fortalecimiento presentado por el municipio contemplaba el pago de 'deudas de perfeccionamiento' con cargo a la glosa 19, lo que contravenía lo dispuesto en el oficio N° 47.449. El dictamen N° 73.967 precisó que, si bien solo la asignación de incentivo profesional podía solventarse con esos haberes, las situaciones consolidadas por la confianza legítima de los particulares no podían verse afectadas, por lo que no procedía la restitución de los dineros ya pagados por ese concepto. En consecuencia, para que el decreto continúe su tramitación, debe ser ingresado nuevamente a control de juridicidad, dejando constancia expresa de lo señalado en los dictámenes citados, sin perjuicio de la obligación del Ministerio de Educación de investigar y sancionar las responsabilidades administrativas derivadas de la infracción.
Normas citadas
dfl 1/96 educa art/47
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio usar fondos de la glosa 19 del Fondo de Apoyo para pagar deudas de perfeccionamiento de sus docentes?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el plan que contemplaba pagar 'deudas de perfeccionamiento' con cargo a la glosa 19 contravenía el oficio N° 47.449. Solo la asignación de incentivo profesional podía solventarse con esos recursos.
¿Qué pasa con los pagos ya realizados por un concepto que no correspondía financiar con fondos de un convenio de transferencia educacional?
En este caso, la Contraloría concluyó que las situaciones consolidadas por la confianza legítima de los particulares no podían verse afectadas, por lo que no procedía la restitución de los dineros ya pagados por ese concepto. Además, el Ministerio de Educación debía investigar y sancionar las responsabilidades administrativas derivadas de la infracción.
¿Qué efecto tiene un dictamen de la Contraloría que representa un decreto del Ministerio de Educación por falta de juridicidad?
En este caso, el decreto N° 624, de 2013, que aprobó un convenio con la Municipalidad de Arauco, no podía seguir tramitándose. Para continuar, debía ser ingresado nuevamente a control de juridicidad, dejando constancia expresa de lo señalado en los dictámenes N°s. 40.451 y 73.967.
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