La Contraloría General de la República dictaminó que la Superintendencia de Educación n…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que la Superintendencia de Educación no es competente para conocer reclamos sobre alzas de aranceles en contratos de prestación de servicios educacionales celebrados con establecimientos particulares pagados. Ello, porque la normativa educacional no regula el precio que estos colegios pueden cobrar, y los convenios respectivos son de orden privado, regidos por la autonomía de la voluntad. Aunque la Superintendencia puede fiscalizar la legalidad del uso de recursos previa denuncia, en este caso el reclamo se refería al monto del precio acordado, materia ajena a la normativa educacional. Por tanto, no corresponde su intervención.
Normas citadas
ley 20529 art/48 inc/1
ley 20529 art/48 inc/3
ley 20529 art/57
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿La Superintendencia de Educación puede conocer reclamos por alzas de aranceles en colegios particulares pagados?
En este caso, la Contraloría General de la República dictaminó que no, porque la normativa educacional no regula el precio que cobran estos establecimientos y el contrato de prestación de servicios es de orden privado, regido por la autonomía de la voluntad.
¿Qué facultades de fiscalización tiene la Superintendencia de Educación sobre los colegios particulares pagados?
Según este dictamen, la Superintendencia puede fiscalizar la legalidad del uso de recursos previa denuncia, pero no puede intervenir en reclamos sobre el monto del precio acordado, materia ajena a la normativa educacional.
¿Puede la autoridad administrativa revisar el monto del arancel pactado en un contrato educacional con un establecimiento particular pagado?
La Contraloría sostuvo que el monto del precio acordado en estos contratos no corresponde a una materia regulada por la normativa educacional, por lo que la Superintendencia de Educación no tiene competencia para intervenir en esa discusión.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
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