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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de un funciona…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de un funcionario de la Dirección de Educación Municipal de Coyhaique en contra de la Municipalidad de Coyhaique, por el no pago de remuneraciones, cotizaciones previsionales y la falta de tramitación de una licencia médica. El organismo determinó que, conforme al artículo 48 de la ley N° 20.529, la Superintendencia de Educación es el órgano competente para fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales se ajusten a la normativa educacional. Por ello, remitió los antecedentes a su Dirección Regional de Aysén para que conozca de la denuncia, aplicando el criterio del dictamen N° 14.299, de 2016.

Normas citadas

  • ley 20529 art/48 inc/1
  • ley 19880 art/14 inc/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué organismo es competente para fiscalizar el no pago de remuneraciones y cotizaciones de un funcionario de un departamento de educación municipal?

En este caso, la Contraloría General de la República determinó que, conforme al artículo 48 de la ley N° 20.529, la Superintendencia de Educación es el órgano competente para fiscalizar que los sostenedores se ajusten a la normativa educacional, por lo que remitió los antecedentes a su Dirección Regional de Aysén.

¿Puede la Contraloría resolver directamente una reclamación de un funcionario contra una municipalidad por el no pago de remuneraciones?

En este caso, la Contraloría no conoció el fondo del reclamo, sino que se pronunció sobre la competencia y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Educación, aplicando el criterio del dictamen N° 14.299, de 2016.

¿Qué ocurre con una reclamación por falta de tramitación de una licencia médica presentada ante la Contraloría por un funcionario educacional municipal?

En este caso, la Contraloría derivó la reclamación a la Superintendencia de Educación, al considerar que la fiscalización del cumplimiento de la normativa educacional por parte del sostenedor corresponde a ese organismo.

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