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La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de casación en la forma y la ape…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024

Resumen

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de casación en la forma y la apelación interpuestos por Itaú Corpbanca S.A., confirmando la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual de un cuentacorrentista. El tribunal desestimó las excepciones de incompetencia absoluta y cosa juzgada opuestas por el banco, señalando que el Juzgado Civil de Rancagua era competente para conocer la acción, pues la relación de consumo no excluye la jurisdicción civil ordinaria para demandas de indemnización. Se estableció que el incumplimiento del deber de seguridad del banco en los límites de transferencias permitió una operación fraudulenta, generando daño emergente de $4.200.000 y daño moral de $3.000.000, montos que fueron confirmados.

Normas citadas

  • Ley 21.234
  • Ley 20.009
  • Ley 19.496 - Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores
  • Párrafo 1º del Título IV de la Ley 19.496
  • Artículo 5, inciso 6° de la Ley 21.234
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Preguntas frecuentes

¿Un cliente puede demandar a su banco ante el juzgado civil por una transferencia fraudulenta, o debe reclamar solo ante un organismo de consumo?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Rancagua sostuvo que el juzgado civil era competente, pues la relación de consumo no excluye la jurisdicción civil ordinaria para demandas de indemnización de perjuicios.

¿El banco responde por una operación fraudulenta si no respetó los límites de transferencias que correspondían a su cliente?

En este caso, el tribunal estableció que el incumplimiento del deber de seguridad del banco en los límites de transferencias permitió la operación fraudulenta, lo que generó responsabilidad contractual y la obligación de indemnizar.

¿Qué perjuicios puede reclamar un cuentacorrentista afectado por un fraude bancario en Chile?

En este caso, la Corte confirmó la indemnización por daño emergente y por daño moral, fijados por el juzgado de primera instancia y mantenidos en la apelación.

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