La Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de protección de un médico de la Corpor…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
La Corte Suprema acogió parcialmente el recurso de protección de un médico de la Corporación Municipal que fue destituido por compartir un pastel de cannabis en una fiesta privada. El tribunal dejó sin efecto la destitución y ordenó retrotraer el sumario administrativo a la etapa previa a la formulación de cargos, limitando la investigación solo al uso de un box de atención médica del Cesfam. Consideró que la conducta en la vida privada, aunque reprochable, no justificaba una sanción tan grave sin debido proceso, y que la destitución fue desproporcionada al no constituir una falta grave a la probidad administrativa.
Normas citadas
Artículo 19, numerales 1, 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República
Artículos 120 y 123 de la Ley N° 18.883
destituciónfuncionario públicovida privadadebido procesosumario administrativoproporcionalidad de sancionesgarantías constitucionalesprobidad administrativa
Preguntas frecuentes
¿Es procedente destituir a un funcionario municipal de salud por una conducta cometida en su vida privada, como consumir cannabis en una fiesta?
En este caso, la Corte Suprema estimó que la conducta en la vida privada, aunque reprochable, no justificaba una destitución sin debido proceso, y que la sanción fue desproporcionada porque no constituía una falta grave a la probidad administrativa.
¿Qué efecto tiene una acción de protección que acoge un reclamo contra una destitución en un sumario administrativo municipal?
En este caso, la Corte Suprema acogió parcialmente el recurso, dejó sin efecto la destitución y ordenó retrotraer el sumario a la etapa previa a la formulación de cargos, limitando la investigación al uso de un box de atención médica del Cesfam.
¿Puede un sumario administrativo investigar hechos ajenos al servicio que no afectan la función pública?
En este caso, la Corte Suprema limitó la investigación solo al uso de un box de atención médica del Cesfam, lo que sugiere que el procedimiento debe acotarse a los hechos vinculados con el servicio y no a la vida privada del funcionario.
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