La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por un funcionario munici…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por un funcionario municipal destituido por uso indebido de licencias médicas. El recurrente alegaba vulneración de sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad sobre el empleo. La Corte de Apelaciones de La Serena consideró que los hechos, consistentes en viajes al extranjero durante el goce de licencias sin justificación, constituían infracciones graves al principio de probidad administrativa. El tribunal estimó que la municipalidad era competente para sancionar dichas conductas y que la destitución fue proporcional a la gravedad de los hechos acreditados, sin que se configurara un acto ilegal o arbitrario. En consecuencia, se confirmó la sentencia apelada y se rechazó el recurso, sin costas.
Normas citadas
Artículo 19 números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Es procedente un recurso de protección contra la destitución de un funcionario municipal por uso indebido de licencias médicas?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección y confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena. Sostuvo que la municipalidad era competente para sancionar los viajes al extranjero realizados durante licencias sin justificación.
¿Cuándo se considera proporcional la destitución de un funcionario por infringir el principio de probidad administrativa?
En este caso, el tribunal estimó que la destitución fue proporcional a la gravedad de los hechos acreditados, que constituían infracciones graves al principio de probidad. Por eso no se configuró un acto ilegal o arbitrario.
¿Vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad sobre el empleo la destitución de un funcionario municipal?
En este caso, la Corte Suprema desestimó que se vulneraran esas garantías constitucionales alegadas por el recurrente. Consideró que la sanción se ajustó a derecho y no fue arbitraria.
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