La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado contra el Servicio Nacional…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado contra el Servicio Nacional de Migraciones por la demora en resolver una solicitud de nacionalización. El tribunal consideró que la omisión de la Administración en emitir un pronunciamiento expreso vulneró los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad establecidos en la Ley N° 19.880, así como la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, al discriminar al recurrente respecto de otros solicitantes en situación similar. Se revocó la sentencia apelada y se ordenó al servicio emitir la resolución correspondiente en un plazo de sesenta días corridos. El fallo contó con un voto en contra que estimó que debía confirmarse la decisión de instancia.
¿La demora de la Administración en resolver una solicitud puede dar lugar a un recurso de protección?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por demorar en resolver una solicitud de nacionalización. Consideró que la falta de un pronunciamiento expreso vulneró los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880.
¿Qué principios de la Ley N° 19.880 pueden considerarse vulnerados por la omisión de la Administración en resolver una solicitud?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la omisión de emitir una resolución expresa vulneró los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad. Estos principios se aplicaron a una solicitud de nacionalización presentada ante el Servicio Nacional de Migraciones.
¿La demora administrativa puede constituir discriminación y afectar la igualdad ante la ley?
En este caso, la Corte Suprema estimó que la demora trató al recurrente de forma distinta a otros solicitantes en situación similar, vulnerando la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución. Ordenó al servicio emitir la resolución en un plazo de sesenta días corridos.
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