Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente interpuso una acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la omisión en pronunciarse sobre su solicitud de nacionalización. La Corte Suprema, al conocer la apelación, revocó la sentencia que rechazaba el recurso y lo acogió, ordenando a la autoridad administrativa emitir pronunciamiento dentro de sesenta días. El tribunal consideró que la dilación vulneraba los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880, así como la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución. La decisión se basó en que la falta de respuesta formal constituía una discriminación frente a otros solicitantes en situación equivalente.