Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una exdocente que, afiliada al sistema previsional del decreto ley N° 3.500, de 1980, pretendía que se le aplicaran las normas del decreto con fuerza de ley N° 1.340 bis, de 1930. El órgano concluye que la peticionaria no puede acogerse a la doctrina del dictamen N° 17.258, de 2009, sobre segundas jubilaciones de profesores con cotizaciones por servicios paralelos, porque ese criterio supone la calidad de imponente de la antigua caja de previsión, condición que no se verifica en su caso: sus cotizaciones en la antigua caja perdieron vigencia tras la incorporación al nuevo sistema, cuya afiliación es única y permanente. Asimismo, confirma lo informado por la Superintendencia de Pensiones, en cuanto a que, desde su opción por el régimen del decreto ley N° 3.500, su beneficio jubilatorio no puede regirse por el decreto con fuerza de ley N° 1.340 bis, criterio que la Contraloría estima ajustado a derecho.