El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Universidad de C…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Universidad de Chile, ordenando la entrega del Oficio emitido por la Facultad de Derecho a la Prorrectoría, relativo al proceso de revalidación de título de Licenciado en Derecho. Se consideró que la información solicitada es de naturaleza pública según la Constitución y la Ley de Transparencia, y se desestimaron las causales de reserva invocadas por la universidad basadas en el artículo 21 N° 1, letras a) y b) de dicha ley. La resolución advierte que, de no cumplirse, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, incluyendo multas y suspensión del cargo.
Normas citadas
Oficio 061
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Oficio N° 01078
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede una universidad negarse a entregar un oficio interno sobre la revalidación de un título alegando reserva de información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y desestimó las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letras a) y b), de la Ley de Transparencia que la universidad invocó. Ordenó entregar el oficio, considerando que la información es de naturaleza pública.
¿Qué ocurre si un órgano de la Administración del Estado no cumple una resolución del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, el Consejo advirtió que, de no cumplirse la orden de entrega, se aplicarán las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia, incluidas multas y suspensión del cargo.
¿Procede el amparo ante el Consejo para la Transparencia para obtener documentos internos de una facultad de una universidad estatal?
En este caso, el Consejo acogió un amparo contra la Universidad de Chile y ordenó la entrega de un oficio emitido por la Facultad de Derecho a la Prorrectoría. Así, sostuvo que la información solicitada es pública según la Constitución y la Ley de Transparencia.
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