El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Informe · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Defensoría Penal Pública en representación de un trabajador, en contra del artículo 387 inciso segundo del Código Procesal Penal. La norma impugnada impedía recurrir de nulidad contra la segunda sentencia condenatoria penal dictada en su contra por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, por delitos de homicidio calificado y tráfico ilícito de estupefacientes. El requirente alegó que dicha restricción vulneraba los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución Política, así como el artículo 8.1 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al generar una discriminación arbitraria. El Tribunal declaró inaplicable el precepto legal impugnado en la gestión pendiente, acogiendo el requerimiento.
Normas citadas
Artículo 387 inciso segundo del Código Procesal Penal
Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
Artículo 3 de la Ley N° 20.000
Artículo 391 N° 1 del Código Penal
Artículo 1437 del Código Civil
Artículo 8.1 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma procesal penal por vulnerar el derecho a un recurso y la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Defensoría Penal Pública y declaró inaplicable el precepto impugnado en la gestión pendiente, por considerar que vulneraba los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución.
¿Qué efectos tiene la declaración de inaplicabilidad de una norma procesal penal que restringe la posibilidad de recurrir de nulidad?
En este caso, la declaración de inaplicabilidad aplicó solo a la gestión pendiente en que se presentó el requerimiento, dejando sin efecto la restricción para ese proceso, sin derogar la norma para otros casos.
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