El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicable el artículo 387 inci…
Informe · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional fue requerido para declarar inaplicable el artículo 387 inciso segundo del Código Procesal Penal, que impide recurrir de nulidad contra una sentencia condenatoria dictada en un segundo juicio penal cuando el primero también terminó en condena y fue anulado. La requirente, condenada por tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades, sostiene que la norma vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a un recurso efectivo, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales. Solicita además la suspensión del procedimiento penal para evitar que la eventual declaración de inaplicabilidad resulte ilusoria. El tribunal debe resolver si la aplicación concreta de la norma en el caso infringe derechos fundamentales.
Normas citadas
Artículo 387 inciso segundo del Código Procesal Penal
Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
Artículo 155 letra e) del Código Procesal Penal
Artículo 4° en relación con artículo 1° de la Ley 20.000
Artículo 8.1 letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos
Artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
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Preguntas frecuentes
¿Procede recurrir de nulidad contra una sentencia condenatoria dictada en un segundo juicio penal cuando el primero también terminó en condena y fue anulado?
En este caso, el Tribunal Constitucional analizó si la aplicación del artículo 387 inciso segundo del Código Procesal Penal, que impide ese recurso en tales circunstancias, vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a un recurso efectivo. La decisión sobre la inaplicabilidad se resuelve en el marco de ese requerimiento.
¿Se puede suspender un procedimiento penal mientras el Tribunal Constitucional resuelve una acción de inaplicabilidad?
En este caso, la requirente solicitó la suspensión del procedimiento penal para evitar que una eventual declaración de inaplicabilidad resulte ilusoria. El tribunal debe resolver esa petición junto con el fondo del requerimiento.
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