Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el beneficio de jardín infantil que el Servicio Agrícola y Ganadero otorga a sus funcionarios. El punto central era si el plantel debe contar con autorización o empadronamiento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o si basta el reconocimiento del Ministerio de Educación. El organismo recordó que este beneficio opera hacia el futuro, desde la total tramitación del acto que aprobó el contrato, conforme a su jurisprudencia. Constató que la oferta adjudicada declaró que la empresa no trabajaba con establecimientos educacionales, infringiendo las bases de licitación y el principio de estricta sujeción a las bases de la Ley N° 19.886. Por ello, concluyó que no procedía adjudicar el servicio a esa empresa. Ordenó que el servicio otorgue el beneficio a los recurrentes en las condiciones de la resolución exenta N° 164, de 2011, respetando los montos topes y la disponibilidad presupuestaria, y que determine la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios que intervinieron en el proceso.