El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo interpuesto en contra de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo interpuesto en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, por considerar que la solicitud del recurrente no versaba sobre acceso a información pública, sino sobre la rectificación de una escritura de reglamento de copropiedad, materia ajena a la Ley de Transparencia. El Consejo señaló que el recurrente podrá formular una nueva solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en su poder, y eventualmente interponer un nuevo amparo ante este Consejo si se cumplen los presupuestos del artículo 24 de la Ley de Transparencia.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede un amparo ante el Consejo para la Transparencia si la solicitud busca la rectificación de una escritura de copropiedad?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo, porque la solicitud no versaba sobre acceso a información pública sino sobre la rectificación de una escritura de reglamento de copropiedad, materia ajena a la Ley de Transparencia.
¿Qué puede hacer una persona si su amparo es declarado inadmisible por el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo señaló que el recurrente puede presentar una nueva solicitud de acceso a la información pública al órgano reclamado, pidiendo en forma clara y precisa un acto, documento o antecedente que este tenga en su poder. Si se cumplen los presupuestos del artículo 24 de la Ley de Transparencia, podría interponer un nuevo amparo.
¿Cómo debe formularse una solicitud de acceso a la información pública para que sea admisible?
En este caso, el Consejo indicó que la solicitud debe requerir en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano reclamado, y no una materia distinta al acceso a información pública.
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