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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 en una gestión pendiente. Consideró que la exclusión de penas sustitutivas a la privación de libertad para ciertos delitos resulta desproporcionada e inequitativa, vulnerando los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad de las penas y reinserción social. Se argumentó que el ius puniendi estatal debe respetar la dignidad humana y que las penas sustitutivas no son impunidad, sino sanciones con fines de reinserción. En cambio, se rechazó la impugnación contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al estimar que el legislador tiene discrecionalidad para fijar penas dentro de los límites constitucionales.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.365
  • artículo 65, de Código Penal
  • artículo 66, de Código Penal
  • artículo 67, de Código Penal
  • artículo 68, de Código Penal
  • artículo 69, de Código Penal
  • artículo 3, de Código Penal
Tribunal ConstitucionalCPTMigraciónAvecindamientoDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Igualdad

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a la privación de libertad a ciertos delitos según la Ley 18.216?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 en la gestión pendiente. Estimó que esa exclusión es desproporcionada e inequitativa, vulnerando la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social.

¿Las penas sustitutivas son una forma de impunidad o cumplen fines de reinserción social?

En este caso, el Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas no son impunidad, sino sanciones que buscan la reinserción social. Añadió que el ius puniendi estatal debe respetar la dignidad humana.

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar la discrecionalidad del legislador para fijar penas, como en el artículo 17 B de la Ley 17.365?

En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación contra el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798. Estimó que el legislador tiene discrecionalidad para fijar penas dentro de los límites constitucionales.

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