El Tribunal Constitucional conoció de dos requerimientos de inconstitucionalidad, prese…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció de dos requerimientos de inconstitucionalidad, presentados por senadores y por diputados, contra diversas disposiciones del proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa (Boletín 18.156-04). Los requirentes impugnaron principalmente la obligación del sostenedor del establecimiento de comunicar a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones la inasistencia de padres o apoderados, y de requerir su intervención conforme al artículo 87 ter del Código Procesal Penal. El Tribunal acogió parcialmente los requerimientos y declaró inconstitucional la oración final del inciso noveno del nuevo artículo 16 J del DFL N° 2 de 1998, por estimar que permitía una intervención policial automática ante la inasistencia, sin flagrancia ni peligro inminente, afectando la libertad de enseñanza y los derechos de los padres. Rechazó los demás requerimientos, por lo que otras disposiciones, como la obligación de los alumnos de respetar el reglamento interno, se mantienen vigentes. Tres ministras concurrieron a la decisión, pero estimaron que correspondía declarar la inconstitucionalidad total del artículo 16 J.
Normas citadas
Art. 93, inciso primero, N° 3, Constitución Política de la República
Art. 8°, letra g), Ley N° 17.997 (Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional)
Artículo 16 J del DFL N° 2 de 1998 (introducido por el proyecto)
Artículo 87 ter del Código Procesal Penal
Ley N° 20.370 (Ley General de Educación)
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Preguntas frecuentes
¿Puede un establecimiento educacional llamar a Carabineros o a la PDI cuando un padre o apoderado no asiste a una citación?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la oración final del inciso noveno del nuevo artículo 16 J del DFL N° 2 de 1998, porque permitía una intervención policial automática ante la inasistencia, sin flagrancia ni peligro inminente, afectando la libertad de enseñanza y los derechos de los padres.
¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre los requerimientos contra la ley de seguridad y orden en la comunidad educativa?
El Tribunal acogió parcialmente los requerimientos presentados por senadores y diputados y rechazó los demás. Por lo tanto, otras disposiciones, como la obligación de los alumnos de respetar el reglamento interno, se mantienen vigentes.
¿Fue unánime la decisión del Tribunal Constitucional sobre la intervención policial en establecimientos educacionales?
No, en este caso tres ministras concurrieron a la decisión, pero estimaron que correspondía declarar la inconstitucionalidad total del artículo 16 J, y no solo de la oración final de su inciso noveno.
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