Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una denuncia presentada por una asociación de funcionarios del Ministerio de Educación, que advertía que personas a contrata y a honorarios participaban en los procesos calificatorios de esa institución. Según lo informado por la subsecretaría, algunos de estos servidores ejercían como coordinadores de área, tenían personal a su cargo y aportaban antecedentes para la elaboración de informes de desempeño y evaluaciones previas. El organismo recordó que, conforme al artículo 41 de la ley N° 18.834, la precalificación corresponde al jefe directo, y que un funcionario a contrata no puede realizarla salvo autorización legal, por lo que tales calificaciones adolecen de un defecto. Sin embargo, precisó que no existe vicio cuando las evaluaciones preliminares son suscritas por la autoridad de la dotación permanente de la cual dependen las unidades. En cuanto a los prestadores a honorarios, concluyó que no pueden ejercer funciones de jefatura y, por tanto, tienen prohibido precalificar. En consecuencia, ordenó al Ministerio de Educación adoptar las medidas necesarias para poner término a estas situaciones.