Resumen
Una municipalidad dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra normas de la Ley N°17.322 y el DL N°3.500 que establecen intereses penales con capitalización mensual (anatocismo) en la cobranza de deudas previsionales. La recurrente solicitó que dichas normas se declaren inaplicables en un procedimiento de cobranza laboral seguido en su contra, por estimar que vulneran el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N°24 de la Constitución. El escrito fue presentado por el director jurídico de la municipalidad, quien invocó su representación y patrocinio, y delegó poder a otros abogados, solicitando además autorización para notificaciones electrónicas.