El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra la Municipalidad de Lo Prado. El reclamante cuestionaba que el municipio no tuviera habilitado el pago electrónico del servicio de aseo municipal. El Consejo advirtió que no existe transgresión a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, porque el reclamo manifestaba una molestia por la falta de pago electrónico, pero no denunciaba la falta de completitud o de acceso al listado de información que los órganos del Estado deben mantener en sus sitios web. En consecuencia, declaró inadmisible el reclamo por ausencia de infracción a las normas de transparencia activa y ordenó notificar la decisión al reclamante y al alcalde. Contra esta resolución procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 18.575
Ley N° 19.880
D.S. N° 13
D.F.L. N° 1
Artículo 59 de la Ley N° 19.880
reclamoDecisión de inadmisibilidad
Preguntas frecuentes
¿Es admisible un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por falta de pago electrónico de un servicio municipal?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo contra una municipalidad por no tener habilitado el pago electrónico del servicio de aseo, al no existir infracción a las normas de transparencia activa.
¿Qué debe denunciarse para que prospere un reclamo por infracción a la transparencia activa?
Según este caso, el reclamo debe denunciar la falta de completitud o de acceso al listado de información que los órganos del Estado deben mantener en sus sitios web, y no una molestia por la falta de pago electrónico.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo indicó que contra esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, y no el recurso de reposición.
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