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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye la posibilidad de acceder a penas sustitutivas en ciertos delitos graves. El tribunal consideró que la norma no es discriminatoria ni carece de razonabilidad legislativa, pues el legislador puede establecer penas de presidio efectivo en delitos como violencia de género, uso de armas o tráfico de drogas, en ejercicio de su potestad para configurar el sistema penal. La determinación de la pena en el caso concreto corresponde al tribunal penal competente, no al Tribunal Constitucional. El rechazo se debió a un empate de votos, sin alcanzar la mayoría necesaria para acoger el requerimiento.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República
  • Artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 8° literal g) de la Ley N° 17.997
  • Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.216
inaplicabilidad por inconstitucionalidadpenas sustitutivasigualdad ante la leyproporcionalidad de las penasdebido procesoLey 18.216Tribunal Constitucional

Preguntas frecuentes

¿El artículo 1° de la Ley N° 18.216 que excluye las penas sustitutivas en ciertos delitos graves es inconstitucional?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y no acogió la tesis de inconstitucionalidad. Consideró que la norma no es discriminatoria ni carece de razonabilidad, porque el legislador puede establecer penas de presidio efectivo en delitos como violencia de género, uso de armas o tráfico de drogas.

¿Puede el Tribunal Constitucional decidir qué pena concreta corresponde aplicar en un caso penal?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la determinación de la pena en el caso concreto corresponde al tribunal penal competente y no a él. Su función se limitó a revisar la constitucionalidad de la norma aplicable.

¿Qué ocurre cuando el Tribunal Constitucional se divide en empate al resolver un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el requerimiento fue rechazado porque el empate de votos impidió alcanzar la mayoría necesaria para acogerlo. Así, la norma cuestionada se mantuvo vigente en el caso concreto.

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