El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, en el marco de una causa penal pendiente. La parte requirente sostenía que la norma, al excluir el acceso a penas sustitutivas en ciertos casos, era desproporcionada y vulneraba la igualdad ante la ley. El requerimiento fue rechazado, sin que se alcanzara la mayoría necesaria para acogerlo tras producirse un empate de votos. El Tribunal fundó su decisión en que el legislador puede establecer formas de presidio efectivo en delitos como violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, tráfico ilícito o producción de drogas, por el mayor reproche que contienen esos ilícitos. En consecuencia, no advirtió discriminación arbitraria ni falta de razonabilidad legislativa. Precisó además que la determinación de la pena en el caso concreto corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política
Artículo 19 N°2° de la Constitución Política
Artículo 19 N°3° inciso sexto de la Constitución Política
Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 93, inciso primero, N° 6 de la Constitución Política
Artículo 8°, literal g) de la Ley N° 17.997
Artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216
inaplicabilidad por inconstitucionalidadigualdad ante la leyproporcionalidad de las penasdebido procesopena privativa de libertadLey N° 18.216Tribunal Constitucional
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir el acceso a penas sustitutivas en ciertos delitos según la Ley 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, porque estimó que el legislador puede establecer presidio efectivo en delitos como violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, tráfico ilícito o producción de drogas, por su mayor reproche. No advirtió discriminación arbitraria ni falta de razonabilidad.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena concreta en un caso penal pendiente?
En este caso, el Tribunal precisó que la determinación de la pena en el caso concreto corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura. Por ello, se limitó a analizar la constitucionalidad de la norma cuestionada.
¿Cuándo se acoge un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante empate de votos?
En este caso, el requerimiento fue rechazado porque, tras producirse un empate de votos, no se alcanzó la mayoría necesaria para acogerlo. Así, la norma cuestionada no fue declarada inaplicable en la causa penal pendiente.
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