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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye la pena sustitutiva en ciertos casos, invocado por el requirente en una causa penal pendiente. El requerimiento fue rechazado por empate de votos, lo que impidió reunir la mayoría exigida para acogerlo. En el análisis de fondo, el Tribunal estimó que la norma no es discriminatoria ni desproporcionada, pues el legislador puede establecer penas privativas de libertad efectivas en delitos graves, como los que se imputan en la causa, por el mayor reproche que contienen. La determinación concreta de la pena corresponde al tribunal penal competente y no a esta Magistratura.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política
  • Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política
  • Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216
  • Artículo 93, inciso primero, N° 6 de la Constitución Política
  • Artículo 8°, literal g) de la Ley N° 17.997
inaplicabilidad por inconstitucionalidadigualdad ante la leyproporcionalidad de la penaprocedimiento racional y justoLey 18.216pena privativa de libertadTribunal Constitucionalempate de votos

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional el artículo 1° de la Ley N° 18.216 que excluye la pena sustitutiva en ciertos casos?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por empate de votos, por lo que no se acogió la impugnación. En el fondo, estimó que la norma no es discriminatoria ni desproporcionada.

¿El legislador puede exigir cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad en delitos graves?

Sí, según este fallo. El Tribunal sostuvo que el legislador puede establecer penas privativas de libertad efectivas en delitos graves por el mayor reproche que contienen.

¿Quién decide la determinación concreta de la pena en una causa penal con una norma como esta?

En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la determinación concreta de la pena corresponde al tribunal penal competente y no a esa Magistratura.

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