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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que regula penas sustitutivas. El requirente cuestionaba la exclusión de ciertos delitos, como el porte de armas prohibidas, del acceso a dichas penas. El Tribunal concluyó que la norma no es inconstitucional, pues el legislador tiene potestad para establecer excepciones basadas en el mayor reproche de ciertos ilícitos, como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas. Estimó que la disposición no es discriminatoria ni carece de razonabilidad legislativa, y que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente, no al Tribunal Constitucional. El rechazo se produjo por no alcanzarse la mayoría necesaria para acoger el requerimiento.

Normas citadas

  • Artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216
  • Artículo 1° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19, numeral 2°, de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución Política de la República
  • Artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Constitución Política de la República
  • Artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política de la República
  • Ley N° 21.412
  • Artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
inaplicabilidad por inconstitucionalidadcontrol de constitucionalidadLey 18.216penas sustitutivasigualdad ante la leyno discriminaciónproporcionalidad de las penasprocedimiento racional y justo

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley excluya de las penas sustitutivas a ciertos delitos, como el porte de armas prohibidas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que la exclusión no es inconstitucional, porque el legislador puede establecer excepciones fundadas en el mayor reproche de ciertos ilícitos. Estimó que la norma no es discriminatoria ni carece de razonabilidad.

¿Le corresponde al Tribunal Constitucional decidir qué pena concreta se debe aplicar en un caso penal?

No. Según este fallo, la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente, y no al Tribunal Constitucional, que en este caso se limitó a examinar la constitucionalidad de la norma.

¿Qué pasa si un requerimiento de inaplicabilidad no logra la mayoría necesaria para ser acogido?

En este caso, el requerimiento fue rechazado porque no se alcanzó la mayoría necesaria para acogerlo, por lo que la norma cuestionada se mantuvo vigente y aplicable.

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