El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas. El requirente alegaba que la norma discriminaba al excluir ciertos delitos del acceso a dichas penas, vulnerando la igualdad ante la ley y la Convención Americana. El Tribunal consideró que la norma persigue fines legítimos de seguridad y que el legislador tiene un campo de decisión autónomo en materia de política criminal, por lo que no resulta desproporcionada ni discriminatoria. En consecuencia, no se configuró una violación constitucional y el requerimiento fue rechazado.
Normas citadas
Art. 1° inciso segundo Ley N° 18.216
Art. 19 numeral 2° Constitución Política de la República de Chile
Art. 19 numeral 3° inciso sexto Constitución Política de la República de Chile
Art. 1.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos
Art. 24 Convención Americana sobre Derechos Humanos
Art. 93 inciso primero N° 6 Constitución Política de la República de Chile
Art. 8° Ley N° 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
¿Es inconstitucional excluir ciertos delitos del acceso a las penas sustitutivas de la Ley 18.216 por vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento. Sostuvo que la exclusión persigue fines legítimos de seguridad y que el legislador tiene un campo autónomo de decisión en política criminal, por lo que la norma no es desproporcionada ni discriminatoria.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable el artículo 1° inciso segundo de la Ley 18.216 por contrariar tratados de derechos humanos?
En este caso, el Tribunal rechazó el requerimiento de inaplicabilidad que invocaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Concluyó que no se configuró una violación constitucional, ya que la norma no resultaba discriminatoria ni desproporcionada.
¿Cuándo el legislador puede restringir el acceso a penas sustitutivas sin vulnerar la Constitución?
Según esta sentencia, el legislador puede hacerlo cuando la restricción responde a fines legítimos de seguridad y forma parte de su margen de decisión en política criminal. El Tribunal concluyó que, en este caso, la exclusión de ciertos delitos cumplía esos requisitos.
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