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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas. El rechazo se produjo por empate de votos, sin alcanzarse la mayoría necesaria para acogerlo. El tribunal consideró que la norma impugnada no es desproporcionada ni discriminatoria, pues el legislador tiene potestad para establecer penas privativas de libertad efectivas en delitos de especial gravedad, como el tráfico ilícito de drogas, sin vulnerar la igualdad ante la ley ni el debido proceso. Se aplicó una deferencia razonada al legislador en materia de política criminal.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política
  • Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política
  • Artículo 1°, inciso segundo, de la Ley Nº 18.216
  • Artículo 93, inciso primero, N° 6 de la Constitución Política
  • Artículo 8°, literal g) de la Ley N° 17.997
  • Artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
inaplicabilidadinconstitucionalidadpena sustitutivatráfico de drogasigualdad ante la leyproporcionalidad de la penadebido procesoLey 18.216

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional excluir de las penas sustitutivas a delitos graves como el tráfico ilícito de drogas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque consideró que la norma no es desproporcionada ni discriminatoria, ya que el legislador puede establecer penas privativas de libertad efectivas en delitos de especial gravedad. Por esa misma razón, tampoco vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso.

¿Puede el Tribunal Constitucional acoger una inaplicabilidad si hay empate de votos?

En este caso, el requerimiento fue rechazado por empate de votos, al no alcanzarse la mayoría necesaria para acogerlo. Así, la norma que establece penas sustitutivas no fue declarada inaplicable.

¿Cómo decide el Tribunal Constitucional cuando se cuestiona la política criminal definida por el legislador?

En este caso, el tribunal aplicó una deferencia razonada al legislador en materia de política criminal, reconociéndole potestad para definir qué delitos llevan penas privativas de libertad efectivas. No se pronunció más allá de esa potestad ni de las normas citadas en el resumen.

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