La Contraloría General de la República se pronunció sobre la juridicidad del oficio N°…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la juridicidad del oficio N° 269, de 2013, de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, relativo a proyectos de los servicios de vivienda y urbanización que requieran la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. El organismo concluyó que lo manifestado por la subsecretaría en la materia reclamada se ajustó a derecho, precisando que la modificación del plan regulador contemplada en el artículo 50 de la LGUC procede en comunas sin plan regulador comunal. Sin embargo, observó que no se advierte sustento normativo para exceptuar dichas modificaciones del proceso de E.A.E. establecido en la Ley N° 20.417, cuando tengan carácter sustancial, por lo que ordenó adecuar el oficio a esa jurisprudencia e informar en un plazo de veinte días hábiles.
Normas citadas
dfl 458/75 VIVIE art/50
dto 47/92 VIVIE art/6/1/12
dfl 458/75 VIVIE art/4
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Procede modificar el plan regulador comunal en comunas que no cuentan con plan regulador comunal según el artículo 50 de la LGUC?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la modificación del plan regulador contemplada en el artículo 50 de la LGUC procede en comunas sin plan regulador comunal, y que lo informado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo se ajustó a derecho en esa materia.
¿Deben someterse a E.A.E. las modificaciones sustanciales del plan regulador que se hagan conforme al artículo 50 de la LGUC?
En este caso, la Contraloría observó que no existe sustento normativo para exceptuar esas modificaciones sustanciales del proceso de E.A.E. establecido en la Ley N° 20.417, por lo que ordenó a la Subsecretaría adecuar el oficio a esa jurisprudencia.
¿Qué debe hacer la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo si su oficio sobre planes reguladores no se ajusta a la jurisprudencia de la Contraloría?
En este caso, la Contraloría ordenó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo adecuar el oficio N° 269 de 2013 a su jurisprudencia y, luego, informar al organismo dentro de un plazo de veinte días hábiles.
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