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El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua rechazó una querella infraccional y dema…

Sentencia · 1er JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RANCAGUA · 2022

Resumen

El Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua rechazó una querella infraccional y demanda civil presentada por un consumidor contra una empresa de telecomunicaciones, por el cobro de un plan telefónico y equipo móvil que el actor estimaba no pactados. El tribunal absolvió al proveedor al considerar que no se acreditó infracción a la Ley N° 19.496, pues el demandante no acompañó los estados de cuenta previos a abril de 2020, lo que impidió determinar si el cobro de $9.990 era procedente o no. Al no existir responsabilidad infraccional, se desestimaron también las pretensiones civiles. No se condenó en costas por estimar que el actor tuvo motivos plausibles para litigar.

Normas citadas

  • Ley N° 19.496
  • Ley N° 18.287
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios

Preguntas frecuentes

¿Qué debe probar un consumidor en Chile para que prospere una querella por cobros no pactados de una compañía de telefonía según la Ley N° 19.496?

En este caso, el Primer Juzgado de Policía Local de Rancagua rechazó la querella porque el consumidor no acompañó los estados de cuenta previos a abril de 2020, lo que impidió acreditar que el cobro fuera improcedente. Sin infracción acreditada, también se desestimó la demanda civil.

¿Se puede condenar en costas a un proveedor si el juzgado absuelve la infracción a la Ley del Consumidor?

En este caso, el tribunal no condenó en costas al consumidor porque estimó que tuvo motivos plausibles para litigar, aunque la querella fue rechazada. La decisión se basó en esa apreciación del tribunal sobre la razonabilidad de la demanda.

¿Qué efecto tiene la falta de documentos de respaldo en un juicio por cobros indebidos de un servicio de telecomunicaciones?

En este caso, el tribunal sostuvo que la falta de estados de cuenta anteriores a abril de 2020 impidió determinar si el cobro era procedente, por lo que no se acreditó la infracción. Así, la carga de la prueba recayó en el consumidor y su omisión llevó al rechazo de la acción.

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