El Consejo para la Transparencia acogió el amparo deducido en contra de la Municipalida…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Mostazal, ordenando la entrega de información relativa a los funcionarios designados como enlaces, su calidad jurídica, indicaciones, funciones y otros antecedentes de quienes trabajan en transparencia. Se consideró que se trata de información de naturaleza pública, pues la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, conforme a una obligación de rango constitucional. No constó la remisión de lo solicitado ni se alegaron causales de secreto o reserva que justificaran la denegación. El municipio deberá acreditar la entrega efectiva, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la Ley de Transparencia.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 19.628
Ley N° 18.575
Código del trabajo
Oficio Ord. N° 273
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Es pública la información sobre los funcionarios municipales designados como enlaces de transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que sí, porque la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional. Ordenó entregar la información sobre los enlaces, su calidad jurídica, funciones y antecedentes.
¿Qué pasa si un municipio no entrega la información pedida en una solicitud de transparencia?
En este caso, el Consejo acogió el amparo contra la Municipalidad de Mostazal porque no constó la remisión de lo solicitado ni se alegaron causales de secreto o reserva. El municipio deberá acreditar la entrega efectiva, bajo apercibimiento de las sanciones de la Ley de Transparencia.
¿Puede un organismo público negarse a entregar datos de sus funcionarios alegando protección de datos personales?
En este caso, el Consejo no aceptó una denegación de ese tipo, pues no se invocaron causales de secreto o reserva que la justificaran. Consideró que estos datos sobre funcionarios en el ejercicio de funciones públicas son de naturaleza pública.
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