La Contraloría General de la República desestimó los reclamos de ilegalidad presentados…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó los reclamos de ilegalidad presentados por un funcionario municipal en contra de un decreto alcaldicio que aplicó una medida disciplinaria. El recurrente alegó prescripción de la acción disciplinaria, pero el organismo concluyó que no se había completado el plazo de cuatro años establecido en el artículo 154 de la Ley N° 18.883, por lo que la acción no estaba prescrita. Además, rechazó el argumento de vulneración del derecho a defensa, constatando que el funcionario pudo ejercerlo adecuadamente al presentar descargos y recursos. Respecto a la demora en la tramitación del sumario, la Contraloría instruyó al alcalde adoptar medidas para evitar retardos futuros, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad. Finalmente, ordenó al municipio regularizar el registro electrónico del decreto alcaldicio en el sistema correspondiente.
Normas citadas
ley 18883 art/154 inc/1
ley 18883 art/155 inc/1
ley 18883 art/155 inc/2
ley 18695 art/62
ley 18883 art/77
ley 18575 art/3 inc/2
ley 18575 art/5 inc/1
ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Prescribe la acción disciplinaria contra un funcionario municipal a los cuatro años según la Ley 18.883?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el plazo de cuatro años del artículo 154 de la Ley N° 18.883 no se había completado, por lo que la acción disciplinaria no estaba prescrita. Desestimó el reclamo que alegaba la prescripción.
¿Se vulnera el derecho a defensa de un funcionario municipal sancionado si presentó descargos y recursos?
En este caso, la Contraloría concluyó que el funcionario pudo ejercer adecuadamente su derecho a defensa al presentar descargos y recursos, por lo que rechazó la alegación de vulneración.
¿Qué puede ordenar la Contraloría ante la demora en la tramitación de un sumario administrativo municipal?
En este caso, el organismo instruyó al alcalde adoptar medidas para evitar retardos futuros, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad. También ordenó al municipio regularizar el registro electrónico del decreto alcaldicio.
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