Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de la Municipalidad de Angol relativa al cumplimiento de su resolución N° 3.808, de 2010, que había ordenado reintegrar las sumas pagadas a funcionarios municipales por concepto de incremento previsional. La entidad edilicia planteó que cumplir esa orden contravendría un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco dictado en un recurso de protección presentado por esos funcionarios, pudiendo configurar el delito de desacato. Analizada la sentencia, que acogió el recurso solo en cuanto la municipalidad no podía descontar lo pagado conforme al dictamen N° 8.466, de 2008, y que fue confirmado por la Corte Suprema, el organismo contralor resolvió dejar sin efecto la resolución N° 3.808 en la parte que incide en lo resuelto por la Corte de Apelaciones. Mantuvo, en cambio, la orden de reintegro respecto de pagos indebidos efectuados con posterioridad a la notificación del fallo, en caso de resultar procedente. Asimismo, precisó que el dictamen N° 12.809, de 2010, no resultaba aplicable al caso, pues en él la Contraloría se había abstenido de pronunciarse sobre el fondo.