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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un trabajador en contra del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en el marco de un proceso penal por porte de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones. El requirente argumentó que la norma vulneraba los artículos 1°, 19 numeral 2° y 19 numeral 3° inciso sexto de la Constitución, así como tratados internacionales de derechos humanos. El Tribunal consideró que la disposición impugnada no es discriminatoria ni viola el derecho a un procedimiento racional y justo, y que la determinación de la proporcionalidad de la pena corresponde exclusivamente al tribunal penal competente, no a esta Magistratura.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política de la República de Chile
  • Ley N° 18.216
  • Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 por discriminar en la aplicación de penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y sostuvo que la disposición impugnada no es discriminatoria. Por lo tanto, no declaró su inconstitucionalidad.

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar si una pena es proporcional en un caso penal por porte ilegal de arma de fuego?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la determinación de la proporcionalidad de la pena corresponde exclusivamente al tribunal penal competente. Por ello, no entró a evaluar esa proporcionalidad.

¿La aplicación de la Ley N° 18.216 en procesos por porte de arma de fuego vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la norma no vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo. Rechazó así el requerimiento que planteaba esa infracción.

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