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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un condenado en contra del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas a la privación de libertad. El requirente alegaba que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, al impedir al juez aplicar penas alternativas proporcionales. El Tribunal sostuvo que no existe un derecho subjetivo a las penas sustitutivas, que la política criminal corresponde al legislador dentro de los márgenes constitucionales, y que la norma no implica un trato discriminatorio. Un ministro previno que estuvo por acoger el requerimiento.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política de la República de Chile
  • Artículo 1°, inciso segundo de la Ley N° 18.216
  • Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
inaplicabilidadinconstitucionalidadigualdadproporcionalidad de penasderechos fundamentalesley 18.216procedimiento penaldignidad humana

Preguntas frecuentes

¿Un condenado tiene derecho a que el juez le aplique una pena sustitutiva a la privación de libertad, como la libertad vigilada o la reclusión nocturna?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no existe un derecho subjetivo a las penas sustitutivas, por lo que su aplicación depende de lo que la ley establezca dentro de la política criminal que corresponde al legislador.

¿Es inconstitucional la prohibición legal de aplicar penas sustitutivas a ciertos condenados por la Ley N° 18.216?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la norma que impide al juez aplicar penas alternativas no vulnera la igualdad ante la ley ni el derecho a un procedimiento racional y justo. Un ministro previno que estuvo por acoger el requerimiento.

¿Una norma que limita la facultad del juez para imponer penas alternativas constituye un trato discriminatorio contrario a la Constitución?

En este caso, el Tribunal Constitucional determinó que la norma no implica un trato discriminatorio, considerando que la definición de la política criminal dentro de los márgenes constitucionales es competencia del legislador.

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