Resumen
La Contraloría General de la República se pronuncia sobre el trámite aplicable a las designaciones de miembros de consejos o juntas directivas de organismos estatales. Conforme a la resolución N° 10, de 2017, que derogó el artículo 7° de la resolución N° 1.600, de 2008, se establece que las designaciones que recaigan en funcionarios públicos quedan afectas a toma de razón, mientras que las que recaigan en personas sin esa calidad deben enviarse a registro, salvo que el nombramiento se realice por decreto supremo firmado por el Presidente de la República. Se concluye que los criterios del dictamen N° 84.900, de 2014, que exigían toma de razón para todo nombramiento legal, independiente de la calidad del designado, no resultan aplicables a las designaciones efectuadas desde la entrada en vigencia de la nueva normativa.