Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró de oficio su oficio N° 67.147, de 2010, mediante el cual se había abstenido de dar curso a la resolución del Instituto de Previsión Social que concedía pensión de jubilación por invalidez a una asistente de la educación. El órgano concluyó que la trabajadora, que ingresó a una municipalidad bajo el Código del Trabajo, no se encontraba sujeta a las normas estatutarias sobre expiración de funciones, y que el artículo 149 de la ley N° 18.883 no le resultaba aplicable. Asimismo, estimó ajustada a derecho la decisión municipal de poner término a sus servicios en virtud del artículo 161 del Código del Trabajo, con el pago de la indemnización correspondiente, dado que la invalidez no constituye causal de desvinculación. En consecuencia, instruyó al Instituto de Previsión Social a remitir nuevamente, para toma de razón, el acto administrativo que otorga la pensión por invalidez.