Resumen
La Contraloría General de la República ratificó sus dictámenes previos que rechazaron la solicitud de un exfuncionario del Ejército, quien pretendía ser declarado inválido de segunda clase por una afección cardiovascular. El organismo señaló que el informe previo de la comisión de sanidad solo se requiere en casos de retiro por accidente en actos del servicio o enfermedad profesional, y que en este caso dicha comisión determinó que el interesado no presentaba una dolencia que le impidiera desempeñar sus labores o llevar una vida normal. Además, precisó que la sola inclusión de su patología en el artículo 81 del decreto N° 553, de 1982, no implica automáticamente el reconocimiento de la invalidez, pues se exige que el retiro se haya dispuesto por esa enfermedad, lo que no ocurrió. También indicó que la norma del antiguo Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas invocada estaba derogada a la época del cese, y que no existe obligación de evaluación personal por parte de la comisión. En consecuencia, se ratificaron los pronunciamientos anteriores.