Sentencia del Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes que se declara incompetente…
Sentencia · 1ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LAS CONDES · 2020
Resumen
Sentencia del Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes que se declara incompetente para conocer una denuncia infraccional y demanda civil por retención de pagos en una promesa de compraventa de un bien raíz. El tribunal concluye que dichos contratos preparatorios no están regulados por la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, por lo que escapan de su competencia. Se invoca el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales y el principio del juez natural, y se cita un precedente de la Corte de Apelaciones de Santiago. En virtud de la facultad oficiosa del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, se declara la incompetencia absoluta y se ordena ocurrir ante quien corresponda.
Normas citadas
Ley 19.496
Ley 19.472
Ley 18.287
Ley 15.231
Código Orgánico de Tribunales
Código de Procedimiento Civil
Sentencia InterlocutoriaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿Puede un juzgado de policía local conocer de una demanda por retención de pagos en una promesa de compraventa de un bien raíz?
En este caso, el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes se declaró incompetente, por estimar que las promesas de compraventa de bienes raíces no están reguladas por la Ley 19.496 sobre protección de los consumidores. Ordenó que la causa se presente ante el tribunal que corresponda.
¿La Ley 19.496 de protección de los consumidores se aplica a las promesas de compraventa de inmuebles?
En este caso, el tribunal sostuvo que los contratos preparatorios como la promesa de compraventa de un bien raíz no están regulados por la Ley 19.496, por lo que quedan fuera de su competencia. Lo resolvió citando un precedente de la Corte de Apelaciones de Santiago.
¿Puede el juez declarar de oficio su incompetencia absoluta en un juicio de policía local?
En este caso, el tribunal declaró de oficio su incompetencia absoluta, invocando el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil y el principio del juez natural. Fundó la decisión en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales.
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