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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Corral, qu…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de Corral, que había negado el acceso a información sobre la existencia y ubicación de equipamientos deportivos (multicanchas y estadios públicos y privados), áreas verdes y servicios públicos en la comuna. El Consejo ordenó la entrega de esa información, preferentemente georreferenciada en formato shapefile o KMZ, o en su defecto con la dirección exacta de cada equipamiento. Para ello consideró que se trata de información pública, que el órgano no invocó causales de reserva que ponderar y que su divulgación tiene un evidente interés para la comunidad, siguiendo el criterio de amparos previos. Se fijó un plazo de cinco días hábiles, contados desde que la decisión quede ejecutoriada, para cumplir y acreditar la entrega, bajo apercibimiento legal. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial

Preguntas frecuentes

¿Es pública la información sobre la ubicación de multicanchas, estadios y áreas verdes de una municipalidad?

En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que esta información es pública, que el órgano no invocó causales de reserva y que su divulgación tiene un evidente interés para la comunidad. Por eso acogió el amparo.

¿Qué formato debe entregar una municipalidad cuando se le pide la ubicación de equipamientos públicos?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información preferentemente georreferenciada en formato shapefile o KMZ. Si eso no es posible, debe entregar la dirección exacta de cada equipamiento.

¿Qué plazo tiene una municipalidad para cumplir una decisión de amparo del Consejo para la Transparencia?

En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles, contados desde que la decisión quede ejecutoriada, para cumplir y acreditar la entrega, bajo apercibimiento legal. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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