Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la modificación de una concesión marítima, materia de competencia del Ministerio de Defensa Nacional. El dictamen concluye que la Administración activa, en este caso el Ministerio, tiene la potestad de decidir si suspende o no los efectos de un acto administrativo durante un procedimiento, y al no disponer dicha suspensión, el acto vigente produce todos sus efectos. En el caso concreto, no se configuraron las excepciones para suspender los pagos asociados a la concesión, por lo que el Ministerio actuó ajustado a derecho al no suspenderlos mientras se resolvía la solicitud de modificación, la que fue aprobada posteriormente. Si bien se rechazó la suspensión total o parcial de los pagos, se accedió parcialmente al requerimiento de la interesada, aplicando una nueva tarifa desde la admisibilidad de la solicitud. No obstante, la Contraloría advierte que el Ministerio debe responder fundadamente los requerimientos planteados durante la tramitación, ya que no se aprecia que las solicitudes de suspensión del cobro tarifario hayan sido respondidas, situación que no debe repetirse.